Los Ayuntamientos frente a la crisis. ¿Por qué un Código de Buen Gobierno?

Se decía en las entradas anteriores : “ Enfrentados a una crisis estructural que exige un cambio en el modelo de gobierno, los Ayuntamientos deben anticiparse y desplegar nuevos modos democráticos para poder articular una respuesta resiliente basada en afrontar de forma colectiva los cambios que vienen.”

Nadie pone en duda que, a lo largo de los años, estas Administraciones han sido  protagonistas de cambios de extraordinarios en sus municipios pero también han sido numerosos los casos  de mala gestión y corrupción, falta de transparencia  en la relación con la ciudadanía, alejamiento de los cargos electos de la realidad social, situaciones de transfuguismo, connivencia con los intereses privados, y, en general, ausencia de cauces suficientes para el control de la gestión por la oposición.

Estos hechos han degradado y dañado, con carácter general, la credibilidad de Instituciones y políticos.

Frente a esta situación, hoy, quien opte a ser un cargo público tendrá que comprometerse con el buen funcionamiento democrático a través de una conducta honesta, transparente y abierta a la participación.

Traducido al ámbito municipal ese compromiso significa, entre otras cosas, desplegar un nuevo modo de relación en un espacio de actuación  básico  de la acción política, porque es en él donde se desarrollan gran parte de los derechos y deberes de la ciudadanía y el terreno donde se hacen realidad los  modos más próximos de satisfacerlos.

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Nuevamente, como cada cuatro años, los ciudadanos se enfrentan a  un nuevo período electoral. Y, de nuevo, cada partido político ha de exponer públicamente sus ideas para el desarrollo del municipio y la gestión de su Ayuntamiento.

La novedad es que, a diferencia de elecciones anteriores, todo esto se desarrollará en un ambiente espeso, casi tóxico para los candidatos de los  partidos tradicionales a los que ya no se les (nos) presupone, como antaño, voluntad transformadora en sus  municipios ni, por supuesto espíritu crítico hacia dentro de su formación política, sea cual sea esta.

Ninguneados, defraudados y en muchos casos engañados, los votantes están cansados y cabreados. Hartos de ser llamados cada cuatro años para oir la misma retahíla de  promesas, que se olvidan y empiezan a incumplirse al día siguiente de las votaciones.

Hoy difícilmente un vecino, de este municipio o de cualquier otro, se creerá un programa electoral redactado al estilo clásico, entre otras cosas porque la  penuria económica por la que atraviesan los Ayuntamientos apenas les llega para pagar las nóminas y el recibo de la luz. Penuria que, tal como están las cosas, va a durar bastante tiempo con el añadido de que, en asuntos de dineros, ”cualquier tiempo pasado fue mejor”

Por tanto cualquier cosa que se proponga hoy ha de ser verosímil. Y será creíble  en la medida en que lo sea quien lo propone.

Porque la situación es tan complicada que nadie aceptará de buen grado  obligaciones, cargas, deberes, impuestos, utilícese el nombre que se quiera, sin que por parte de los cargos electos  se ofrezcan, en paralelo, garantías que permitan a los ciudadanos comprobar que esas imposiciones tienen como objetivo el cumplimiento de los compromisos establecidos en el programa electoral que han votado.

Verosimilitud, credibilidad y confianza son, a los efectos políticos, palabras sinónimas. Pero como estas cualidades se han dilapidado a manos llenas estos años, hoy ya no puede aplicarse a los políticos, como antes, el principio de presunción como hacen los militares con respecto al valor. Pocos ciudadanos van a dar por supuesto la honorabilidad, decencia y credibilidad de los futuros cargos públicos sin disponer de elementos de control que permitan garantizar que esas cualidades son reales.

Por eso hoy, cualquier programa electoral serio ha de ser redactado desde este supuesto. Desde la suposición, casi diría certeza, de que la única forma que tiene un político, sea alcalde o presidente del gobierno, de recuperar la credibilidad ante la ciudadanía es la de tomarse en serio el programa y considerarlo como lo que realmente es, un contrato en el que en la cláusula 0 se establecen las garantías que se ofrecen a  los ciudadanos para su cumplimiento.

Tal vez así el votante entienda que hay un compromiso firme para abrir las ventanas de las Instituciones y perciba que realmente existe una  decidida voluntad de gestionar y gobernar con auténtico respeto al ciudadano.

Porque ¿por qué no puede comprometerse un Alcalde a  proporcionar Información detallada del grado de cumplimiento del presupuesto municipal?. Si este documento es el reflejo numérico y columna vertebral de la que cuelga la consecución de los objetivos del Programa electoral, la información a la ciudadanía de que se cumple y ejecuta el Presupuesto aprobado es la mejor garantía para los ciudadanos de que se cumplen los compromisos adquiridos.

Igualmente ¿por qué no pueden conocer  los ciudadanos del coste real de los servicios que un Ayuntamiento proporciona? A todos nos iría mejor si realmente supiéramos lo que cuestan  las cosas. Es probable que las usáramos con más tino. Y al responsable de turno le sería más sencillo explicar, desde su perspectiva política, el por qué destina un dinero a una actividad o  servicio y no a otra.

¿Es tan difícil que se vuelve imposible explicar públicamente los criterios  a los que se ajustan las subvenciones municipales?.

¿Es inviable  confrontar periódicamente  la realidad que percibe el que gobierna con la realidad social que cualquier Asociación, grupo o persona representativa podría expresar si hubiese un cauce institucionalmente  regulado , más allá de la reclamación o la protesta?

Probablemente la respuesta a todas las preguntas es que no. No es difícil informar y explicar sobre todo lo anterior y muchas otras cosas, si se  quiere. El problema como siempre es de fondo. El problema es que  la información, entendida como rendición de cuentas, otorga conocimiento y poder a quien lo tiene, sobre todo si este es el ciudadano. Conocimiento y poder para preguntar por qué se hace esto y no lo otro, o por qué se gasta aquí y no allí. Poder para interrogar y exigir explicaciones acerca del  cumplimiento, o no, de lo prometido en el programa electoral. Poder , en suma, que permite al ciudadano pasar, de la categoría  de simple usuario de servicios a copartícipe en la gestión de los mismos. Y eso, hasta ahora,  ha sido un plato ante el que todos los políticos, de uno y otro signo, se atragantan.

Por eso es muy recomendable la cláusula 0. Su cumplimiento no cuesta dinero y su cumplimiento sólo depende del compromiso del que gobierna de ejercer su  responsabilidad con transparencia.

Tal vez esta cláusula  puesta sobre el papel no tendría más valor que cualquier otra promesa electoral al uso. Pero al menos quedaría el consuelo de decir: “ Sr. Alcalde esto no lo ha hecho usted porque no le ha dado la real gana”. Porque, repito, informar a los ciudadanos con los medios  de los que hoy se dispone no cuesta dinero.